La Federación Argentina de Supermercados (FASA) ha expresado su rechazo a la decisión del Gobierno de pedir a gremialistas y organizaciones sociales que asistan en el control del cumplimiento del programa «Precios Justos». FASA, que engloba a empresas del interior, ha manifestado que esta medida aleja la posibilidad de que distintas cadenas regionales se sumen al programa.
Cadenas de supermercados del país advirtieron que están evaluando dejar el programa de «Precios justos» si desde el gobierno siguen insistiendo con enviar al gremio de Camioneros para controlar el abastecimiento y los precios de las mercaderías. El presidente de FASA, Víctor Palpacelli, ha expresado su preocupación por estos controles y ha sostenido que «quienes están sumadas podrían bajarse porque se desalientan por este tipo de situaciones a las que nos exponen».
Por otro lado, las grandes cadenas de supermercados, nucleadas en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), han evitado polemizar con la medida y han puesto el foco en la mejora del abastecimiento, entendiendo que es responsabilidad de las empresas proveedoras.
El secretario general del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, afirmo que este control corresponde a un pedido que les efectuaron desde el Gobierno para poder chequear que las cadenas de supermercados hagan llegar los productos a las góndolas. Moyano señaló que los supermercados Coto, Carrefour, Día «se estaba viendo que la mercadería no llegaba a las góndolas, salían 10 camiones de cada producto, llegaban a los supermercados y llenaban dos o tres góndolas. Nuestra tarea es denunciar a la Secretaría de Comercio si hay faltantes de productos, y nuestro gremio siempre fue solidario con el Estado».
La denuncia penal efectuada por la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, alcanzó al presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía, Sergio Massa y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, por los delitos de incumplimiento de funcionario público, abuso de autoridad, intimidación pública e instigación a cometer delitos. Carrió afirmó que este control es «una organización paraestatal, impulsada desde los funcionarios denunciados, para hacer efectiva la medida de control de precios».
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