La crisis económica que azota a Cuba persiste, exacerbando la devaluación de la moneda local y la lucha diaria de la población contra la inflación y la escasez. En un intento por controlar la creciente inflación, el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha puesto en marcha una medida que ha generado controversia: el corralito financiero.
El corralito financiero, implementado el pasado 3 de agosto y planeado para ser gradual durante seis meses, el corralito requiere que los ciudadanos y las empresas realicen la mayoría de sus transacciones a través de canales electrónicos en lugar de efectivo, cuando las sumas superan los 5,000 pesos cubanos (CUP), equivalente a poco más de 208 dólares a la tasa oficial. Esta medida ha provocado debates intensos entre los observadores, ya que algunos la ven como un intento de reducir el flujo de efectivo en la economía, mientras que otros la consideran una herramienta de represión que afectará principalmente al sector privado y a los más vulnerables.
La decisión llega en un momento en el que el dólar y el euro están alcanzando niveles récord en el mercado no oficial, alcanzando cifras preocupantes de 240 y 245 pesos, respectivamente. A pesar de las afirmaciones del gobierno sobre una inflación interanual del 45.8% en mayo, algunos analistas advierten que esta cifra ya ha superado los tres dígitos.
El Banco Central de Cuba ha declarado que esta medida busca la «bancarización de las transacciones de cobros y pagos» en la economía, incluyendo salarios y otros beneficios. Sin embargo, las pequeñas empresas privadas se ven particularmente afectadas, ya que deben depositar todos los ingresos en efectivo en sus cuentas bancarias, lo que podría complicar la adquisición de dólares necesarios para importar bienes del extranjero.
Esta política también podría afectar la oferta de importación privada y desencadenar una nueva ola de inflación. La situación se agrava por la precaria infraestructura bancaria y digital del país, que podría no estar preparada para un cambio tan radical. Las aplicaciones de transferencia de dinero autorizadas presentan fallas frecuentes y la conexión entre bancos y comercios es inestable.
Aunque el gobierno defiende esta medida como un paso hacia la modernización de la economía y la reducción de la dependencia del efectivo, los críticos la ven como un intento de controlar los flujos financieros y limitar la autonomía económica de la población y el sector privado.
En el contexto de la peor crisis económica de Cuba en décadas, donde la escasez de productos básicos y la dificultad de acceso a alimentos y medicinas son preocupaciones diarias, esta medida del gobierno genera incertidumbre sobre su verdadero impacto en la población y la economía en general.
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