El plan de Japón de verter en el océano las aguas residuales tratadas de la planta nuclear de Fukushima, dañada severamente por un tsunami en 2011, continúa enfrentando resistencia en la región a pesar del visto bueno de las Naciones Unidas (ONU). El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha señalado que la iniciativa cumple con los estándares internacionales y se espera que tenga un impacto radiológico insignificante en las personas y el medio ambiente.
La acumulación de más de un millón de toneladas de aguas residuales tratadas desde el desastre en 2011 ha llevado a Japón a buscar una solución a largo plazo. La opción propuesta es liberar gradualmente estas aguas en el Océano Pacífico a lo largo de 30 años. Tepco, la empresa eléctrica que opera la planta de Fukushima, filtra las aguas a través del Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos (ALPS), reduciendo la mayoría de las sustancias radioactivas a niveles aceptables, aunque el tritio y el carbono-14 siguen siendo difíciles de separar del agua.
Tanto Tepco como el gobierno japonés han llevado a cabo estudios para demostrar que el agua tratada no representa un riesgo significativo para los humanos y la vida marina. Además, muchos científicos respaldan el plan, argumentando que los niveles extremadamente bajos de radioisótopos presentes en el agua liberada no tienen efectos perjudiciales para la salud.
Sin embargo, hay críticas y preocupaciones en torno al plan. Greenpeace ha planteado dudas sobre el proceso de tratamiento de Tepco, argumentando que no se hace lo suficiente para eliminar las sustancias radioactivas. Algunos científicos también sienten incomodidad y creen que se necesitan más estudios sobre el impacto de estos residuos en el lecho oceánico y la vida marina.
La postura de China ha sido exigir que Japón llegue a un acuerdo con otros actores regionales e instituciones internacionales antes de proceder con el plan, acusando a Tokio de violar obligaciones morales y legales internacionales. La relación entre ambos países ya es tensa, especialmente por el aumento de la militarización de Japón y las acciones recientes consideradas provocadoras en la región de Taiwán. Corea del Sur, por otro lado, ha suavizado sus preocupaciones y ha declarado que respeta las conclusiones de la OIEA, aunque esto ha generado malestar en el público surcoreano, que muestra preocupación por la liberación de los desechos.
Aunque las autoridades japonesas han entablado conversaciones con sus vecinos y han recibido a un equipo de expertos surcoreanos para visitar la planta de Fukushima, no está claro hasta qué punto se comprometerán a obtener la aprobación de otros países antes de seguir adelante con su plan. La liberación de las aguas residuales de Fukushima es un tema controvertido que requiere una evaluación cuidadosa y una consideración exhaustiva de los riesgos y preocupaciones planteadas por diversas partes interesadas.
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