La Unión Europea (UE) ha expresado su profunda preocupación ante la inhabilitación de varios precandidatos a cargos públicos en Venezuela, entre ellos la destacada líder opositora María Corina Machado. Machado ha sido inhabilitada para ejercer cualquier cargo público durante un período de 15 años, lo que representa una clara restricción a sus derechos políticos fundamentales.
La inhabilitación de María Corina Machado, impuesta originalmente en 2015 por supuestas irregularidades administrativas durante su mandato como diputada (2011-2014), tenía una duración inicial de 12 meses. Sin embargo, el pasado viernes, la Contraloría General notificó que la sanción se ha extendido debido a la continuación de las investigaciones sobre el caso.
En un comunicado oficial, la oficina del jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, expresó su profunda preocupación por las decisiones que buscan impedir que miembros de la oposición ejerzan sus derechos políticos fundamentales, como es el caso de María Corina Machado y otros líderes políticos en Venezuela.
Por su parte, el régimen de Nicolás Maduro ha defendido la decisión de la Contraloría General y ha solicitado que no se interfiera en los asuntos internos del país. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela emitió un comunicado en el que rechaza categóricamente la declaración de Borrell.
Cabe destacar que la UE envió una misión de observación a Venezuela a finales de 2021, la cual presentó 23 recomendaciones para mejorar los procesos electorales en el país. Una de estas recomendaciones instaba a suprimir la prerrogativa de la Contraloría General de privar a los ciudadanos de su derecho fundamental de presentarse a elecciones a través de un procedimiento administrativo sin una notificación oportuna, lo cual afecta el derecho a la defensa.
Estados Unidos también condena la decisión de Venezuela
Por otro lado, el Gobierno de Estados Unidos también ha condenado la decisión de la Contraloría venezolana de inhabilitar a la opositora María Corina Machado para participar en las primarias de octubre, previas a las elecciones presidenciales de 2024. Según el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, esta decisión priva al pueblo venezolano de derechos políticos básicos y genera preocupación por los esfuerzos para rehacer el Consejo Nacional Electoral (CNE).
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