Perú está experimentando una nueva jornada de protestas y violencia. Los manifestantes han chocado con la policía y han causado «severos daños» a la infraestructura, incluyendo la quema de un centro aduanero y una comisaría en Puno.
El Gobierno peruano ha condenado estos actos. En un comunicado en Twitter, la Cancillería afirmó que «estas acciones no se condicen con el derecho a la protesta pacífica». Además, señaló que la afectación del puesto aduanero «perjudica el comercio bilateral con Bolivia» y «atenta contra la economía de miles de familias puneñas».
Los manifestantes exigieron la inmediata renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la clausura del Congreso, que se llame a elecciones y la urgente convocatoria de una convención constituyente. También ha habido casos de manifestantes atacando a periodistas durante protestas.
En Lima, las protestas reunieron a miles de personas, muchas de ellas llegadas desde las regiones del sur de Perú. Aunque inicialmente la manifestación se desarrolló en forma pacífica, luego se enfrentaron con la policía, a la que atacaron con piedras, a lo cual los efectivos policiales respondieron a esta agresión con la utilización de gases lacrimógenos. En Lima, el jefe de la Policía Distrital, general Víctor Zanabria, comunicó que «alrededor de 2.500 personas cometieron actos de violencia fueron controlados por la policía y se encuentran a disposición de la justicia».
En cuanto a los daños causados por estas protestas y violencia, el general Zanabria señaló que en el centro histórico «ha habido graves daños a la propiedad pública y privada, en los parques se han destruido rejas y bancas». Se realizaron arrestos por delitos como desorden público y resistencia a la autoridad.
Desde el gobierno peruano confirmaron que se está haciendo todo lo posible para restablecer los servicios dañados, por los manifestantes, durante las protestas.
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