Según la denuncia penal presentada por el Ministerio de Justicia de Argentina, los hechos a investigar tuvieron lugar durante la semana del 13 de octubre, cuando los denunciados compartieron un vuelo en un avión privado desde San Fernando (Buenos Aires) a Bariloche (Río Negro), con financiamiento desconocido. Una vez finalizado el vuelo, se habría sumado el CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y el director de Asuntos Legales e Institucionales del mismo grupo empresario y sobrino de Héctor Magnetto, Pablo Casey, entre otras personas aún no identificadas. La comitiva completa se habría dirigido en vehículos privados de Joe Lewis hacia la estancia del magnate británico ubicada en Lago Escondido.
Desde el oficialismo señalan que «en caso de que se compruebe que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descritos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, podríamos estar ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas, lo que daría lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene el deber de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por nuestro país».
La presentación judicial, es por incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas, en los términos de los artículos 248 y 259 del Código Penal, a Julián Ercolini, juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10; Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2; Pablo Cayssials, juez del Juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9; Juan Bautista Mahiques, actual Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Marcelo D’alessandro, actual Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
Por otro lado, se sindica por ofrecimiento de dádivas en los términos del art. 259 del Código Penal a Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín; Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis; Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE); y Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.
Según el gobierno la denuncia está fundada en el supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas por parte de los denunciados. Esto significa que se les acusa de haber violado sus obligaciones como funcionarios públicos al aceptar dádivas en lugar de cumplir con sus deberes de manera imparcial e independiente. La investigación se centrará en determinar si estos hechos ocurrieron realmente y, en caso afirmativo, determinar la responsabilidad de cada uno de los denunciados.
El Ministerio de Justicia de Argentina ha presentado esta denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche, donde se llevará a cabo la investigación correspondiente. La denuncia señala que, en caso de que se compruebe la existencia de dádivas y su aceptación por parte de los funcionarios públicos denunciados, se estaría ante la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene el deber de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ratificada por Argentina.
En resumen, el Gobierno Nacional presentó una denuncia penal contra varios individuos, incluyendo jueces y el CEO del Grupo Clarín, en relación con un vuelo privado. La denuncia se basa en el supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas. La investigación se centrará en los hechos ocurridos durante la semana del 13 de octubre, cuando los denunciados habrían compartido un vuelo en un avión privado desde Buenos Aires a Bariloche. Una vez completado el vuelo, se habría sumado el CEO del Grupo Clarín, entre otras personas aún no identificadas.
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