La Coalición Cívica a cargo de Elisa Carrió presentó una denuncia donde determina que el organismo Movimiento Evita liderado por Emilio Pérsico defraudó al Estado por casi 3000 millones de pesos.
La denuncia establece que la agrupación le dio dinero a su cooperativas a través de convenios que se encontraban modificados.
Los legisladores firmantes de la denuncia son Hernán Reyes, Héctor Flores, Juan Manuel López, Maximiliano Ferrari, Maria Fernanda Reyes y Mariel Etchecoin.
Además, la denuncia se realizó dirigida a Alexandre Roig quien se desempeña cómo presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Milagro Moya Directora Nacional de Cumplimiento y Fiscalización del INAES y Gildo Ezequiel Onorato presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada.
«Las conductas denunciadas encuadran dentro de una organización que, a nuestra consideración, conformada casi con exclusividad a los fines del saqueo de los recursos estatales para financiar su desarrollo territorial y su disputa política en el universo de las organizaciones sociales y de su frente político» determinaron los legisladores de la Coalición Cívica en la denuncia.
Estos dirigentes denunciados eran responsables de los convenios entre las cooperativas y la agrupación Movimiento Evita , presentaban proyectos y controlaban el trascurso de los fondos.
Asimismo el comunicado agregó «Los hechos que aquí se describen suponen una transferencia ilícita y directa de recursos estatales por un monto de $3.836.167.660,00 que fueron a las arcas del Movimiento Evita y las organizaciones políticas, cooperativas, asociaciones civiles, fundaciones y demás organizaciones de la sociedad civil vinculadas que integran dicho Movimiento». Dichos fondos utilizados eran provenientes del programa Potenciar Trabajo que se encuentra a cargo de la Secretaría de Economía Social que dirige Emilio Pérsico.
Por su parte, frente a la denuncia Emilio Pérsico argumentó «Estamos a derecho. Los abogados nuestros se presentaron y nos dijeron que es una denuncia que no tiene ningún fundamento»
La causa recayó sobre la jueza federal María Eugenia Capuchetti.
