El proyecto donde el oficialismo busca realizar un juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia ingresó al Parlamento para tratarse dentro del periodo de sesiones extraordinarias que el Ejecutivo decretó que se darán del 23 de enero al 28 de febrero.
El proyecto se encuentra a la espera de una asignación para el número de expediente para tratarse en las fechas acordadas por el gobierno con la citación de los 4 jueces miembros de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda y 44 testigos con el fin de realizar el juicio político a la Corte.
La citación de los jueces miembros del máximo tribunal se realizó por Eduardo Valdés y respaldada por legisladores del bloque del Frente de Todos.
Asimismo citarán a Silvio Robles, vocero del juez Rosatti y a Marcelo D’Alessandro, Ministro de Justicia y Seguridad del gobierno porteño actualmente con licencia debido a los chats divulgados, donde el vocero Robles le comentaba al Ministro de Justica porteño el procedimiento de la causa por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.
El oficialismo intentará demostrar el enlace que se generó con el fallo que la Corte dictó a favor de la Ciudad de Buenos Aires y su relación con el gobierno porteño.
A su vez la resolución convoca a los gobernadores que apoyaron el proyecto que dictó el presidente Alberto Fernández para realizar el juicio político, también se pedirá la presencia del procurador del Tesoro, Carlos Zannini y del Ministro del Interior , Eduardo de Pedro.
«Todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que intervinieron y puedan aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados deben presentarse en el recinto» determinó el proyecto enviado a la Cámara de Diputados que contará con un total de 48 testigos.
Por otra parte la iniciativa del Ejecutivo establece “El juicio político establece un proceso constitucional llevado a cabo por un órgano constitucional (el Congreso de la Nación) con una función específica y exclusiva, tal como es la de analizar la responsabilidad política de los magistrados acusados y juzgar si aún mantienen la idoneidad necesaria para continuar ejerciendo adecuadamente el cargo que detentan, y de esta forma garantizar la calidad institucional, la legitimidad y credibilidad del Poder Judicial”.
