La «emergencia agropecuaria» ha sido declarada en la provincia de San Luis por el Gobierno nacional de Argentina. Esta decisión se toma en respuesta a la sequía, las heladas y los incendios que han azotado la región, causando estragos en la producción agropecuaria. Esta medida, que se oficializó mediante la resolución 913/2023 del Ministerio de Economía, ofrece un alivio significativo a los productores afectados, permitiéndoles diferir pagos de impuestos y suspendiendo los juicios de ejecución fiscal.
Un decreto con efecto retroactivo
La resolución, publicada en el Boletín Oficial, tiene un efecto retroactivo que se remonta al 1° de enero del año pasado y se extiende hasta el próximo 31 de diciembre. Esta medida se basa en el decreto provincial 3.854, emitido en mayo, que estableció el «estado de emergencia» por un período de dos años en todos los departamentos de la provincia. Esta disposición se aplica a aquellos establecimientos agropecuarios que han sido afectados por la sequía extrema, las heladas y los incendios forestales.
La recomendación de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios
Tras un análisis detallado de la situación, la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios recomendó declarar y homologar el «estado de emergencia» con el alcance propuesto por la provincia. Para acceder a los beneficios, los productores afectados deben presentar un certificado extendido por la autoridad competente de la provincia. Este documento debe confirmar que sus predios o explotaciones están incluidos en los casos previstos.
Beneficios para los productores afectados
El gobierno de San Luis se encargará de proporcionar a la Comisión la lista de los productores afectados, junto con una copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente. Las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, así como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), tomarán las medidas necesarias para que los productores agropecuarios comprendidos en la resolución disfruten de los beneficios previstos.
Asistencia para las zonas en emergencia
La asistencia para las zonas en emergencia incluye la prórroga del vencimiento del pago de impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las explotaciones afectadas hasta el ejercicio siguiente a la finalización de la emergencia. Esto incluye el diferimiento de los pagos del integrado del monotributo y de los saldos resultantes de las declaraciones juradas de los impuestos a las Ganancias, Bienes Personales y del Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa.
Además, se contempla la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal para el cobro de impuestos adeudados. Si ya se hubiera iniciado un juicio, este deberá paralizarse hasta que expire la emergencia. También se prevé la deducción en el balance impositivo de los beneficios derivados de las ventas forzosas de hacienda. La AFIP otorgará planes de facilidades de pago especiales para la regularización total o parcial de los pagos de la seguridad social, incluyendo intereses, multas y sanciones.
En resumen, la declaración de «emergencia agropecuaria» en San Luis es una medida necesaria que busca aliviar la carga de los productores agropecuarios afectados por las adversidades climáticas. Aunque la situación es desafiante, estas acciones demuestran el compromiso del Gobierno para apoyar a los productores en estos tiempos difíciles.
