Las compañías de transporte público advirtieron al Gobierno que los fondos otorgados por este como subsidio son insuficientes para abonar el reciente aumento salarial prometido a los trabajadores del sector. Las empresas indicaron que no están en condiciones de pagar el incremento, una situación que podría generar un conflicto sindical.
La advertencia surge después del paro abortado de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), previsto para el martes pasado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El sindicato y los Ministerios de Trabajo y Transporte llegaron a un acuerdo de último momento que suspendió la huelga.
En una larga reunión en la que participaron todas las partes interesadas, los Ministerios acordaron un aumento salarial retroactivo solicitado por la UTA y un bono único de 32,000 pesos, así como viáticos diarios para todos los trabajadores del sector.
Según el acuerdo, el Gobierno cubriría una parte de este aumento, mientras que las empresas de transporte debían asumir el resto. Sin embargo, las compañías se retiraron de la reunión sin firmar el acta, argumentando que no tenían la capacidad financiera para cumplir con el compromiso.
Representantes de diversas cámaras del sector, incluyendo la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.), la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (A.A.E.T.A.) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (C.E.U.T.U.P.B.A.), asistieron a la reunión.
Estas entidades enviaron una carta a los Ministerios de Transporte y Trabajo este jueves, en la que reafirmaron su incapacidad para asumir la parte del aumento que les corresponde. Argumentaron que el acuerdo con la UTA es «ilegítimo y nulo» ya que se firmó en medio de una negociación paritaria y por encima de la voluntad de las partes legitimadas para la negociación colectiva.
Las empresas de transporte han enfatizado que no reconocen la validez de la norma en cuestión y han alertado a las autoridades que, más allá de los recursos administrativos que intentarán y las acciones judiciales que iniciarán, no reconocerán los salarios que se han intentado imponer al sector de manera arbitraria.
Fuentes del sector confirmaron a Infobae que, incluso si el Gobierno les envía los subsidios prometidos en los próximos días, las empresas no pagarán los aumentos acordados unilateralmente por las autoridades nacionales y el sindicato.
Por su parte, los Ministerios confirmaron la validez del aumento y aseguraron que se debe hacer efectivo. Advirtieron que si las cámaras no cumplen con esto o realizan algún tipo de medida de fuerza, podrían enfrentar posibles sanciones.
Las mismas fuentes señalaron que la norma que permite suspender la licencia a las empresas de transporte que realizan paros sigue vigente y que podrían asignar temporalmente las rutas afectadas a otras compañías para garantizar la continuidad del servicio.
Aún así, las sanciones solo pueden aplicarse si es la patronal quien lleva a cabo el cese de actividades. Sin embargo, si no se paga el aumento salarial, podría ser el propio sindicato el que convoque a un paro.
Para intentar resolver la situación, el Gobierno ha convocado a todas las cámaras del sector que operan en el AMBA a una nueva reunión la próxima semana. A pesar de los esfuerzos, hasta ahora no hay señales de un acuerdo entre las partes involucradas.
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