El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hizo una contundente declaración al acusar a Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, de intervenir en los asuntos de la provincia. Morales argumenta que Fernández y otros miembros del kirchnerismo están apoyando a los grupos sociales que protestan contra la reforma constitucional. Según el gobernador, estos piqueteros son considerados por él como delincuentes respaldados por el gobierno nacional.
Intervención y Piqueteros: En el ojo del huracán
Fernández llegó a Jujuy con la encomienda de intervenir en el Partido Justicialista local. Se le acusa de haber facilitado la función de Morales, especialmente en el debate sobre la reforma constitucional que desató las protestas. Aunque el Ministro reconoció que se reuniría con quienes están bloqueando carreteras, también declaró su oposición a este método de protesta.
«Gerardo Morales denuncia una intervención» es una frase que define la perspectiva de Morales, quien está en campaña para la vicepresidencia junto a Horacio Rodríguez Larreta. El gobernador acusa a Fernández de alentar las protestas e interferir directamente en los asuntos provinciales. Fernández refutó, argumentando que las tierras pertenecientes a los pueblos originarios deben ser discutidas y analizadas con ellos, en concordancia con el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.
Intervención y Procesos: Un ajedrez político en curso
La llegada del ministro de seguridad a Jujuy se debe formalmente a la destitución de Rubén Rivarola como presidente del Partido Justicialista de Jujuy. La decisión de intervenir fue tomada por el presidente Alberto Fernández, líder del justicialismo a nivel nacional. Aníbal Fernández tomó la primera medida promoviendo la unidad del fragmentado PJ jujeño y declarando la «amnistía» de todos los dirigentes sancionados durante la gestión de Rivarola.
Las protestas en Jujuy, que ya suman 38 días consecutivos, surgen de la preocupación de las comunidades indígenas por el uso de los recursos naturales. En particular, el litio, que se encuentra en las tierras que ocupan históricamente, es un recurso de importancia crucial. Los pueblos sostienen que la reforma, que modificó 66 de los 245 artículos de la constitución, establece un marco normativo que otorga facultades al Estado en dos aspectos vitales: regular el reconocimiento de los pueblos como personas jurídicas y disponer de todas las tierras.
La acusación de Gerardo Morales denunciando la intervención de Aníbal Fernández en el conflicto jujeño arroja luz sobre la tensión existente entre los gobiernos provincial y nacional.
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