Impulso legislativo contra el negacionismo de crímenes de la dictadura

En la Cámara de Diputados de Argentina, un proyecto de ley significativo ha sido presentado para abordar un tema histórico y sensible: los crímenes de la dictadura. La legislación busca sancionar el negacionismo de dichos crímenes, siguiendo un camino similar al de Alemania con respecto al negacionismo del Holocausto.

Recientemente, la Vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, hizo un llamado urgente para una normativa que sancione a aquellos que nieguen o minimicen los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura militar en el país. La Vicepresidenta citó a Alemania como un ejemplo a seguir, donde existen leyes severas contra el negacionismo y la apología del nazismo.

Carolina Moisés toma la iniciativa

En respuesta a este llamado, la Diputada Carolina Moisés, representante del Frente de Todos, anunció la presentación de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que busca incorporar sanciones al Código Penal para quienes nieguen o minimicen estos crímenes. Este paso sigue el pedido de Cristina Kirchner, enfatizado en un acto en el que también participó Sergio Massa. Durante el acto, Massa señaló la importancia de una ley de negacionismo y cómo la negación de los crímenes de la dictadura, reconocidos internacionalmente como una tragedia de la humanidad, es inaceptable. “El pasado no se puede cambiar, pero sí sirve para aprender de él y sacar las mejores cosas”, expresó.

Aspectos clave del proyecto

El proyecto presentado por la diputada Moisés busca incorporar un artículo al Código Penal que establezca una pena de prisión de dos meses a dos años para cualquier persona que públicamente niegue, minimice, justifique, reivindique o haga apología de genocidios y crímenes de lesa humanidad. Esto se basa en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y otros tratados internacionales de derechos humanos a los que Argentina es parte.

El proyecto va más allá al abordar la responsabilidad de los funcionarios públicos. En caso de que un funcionario sea culpable de negacionismo de crímenes de dictadura, la pena incluiría la destitución y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble de la pena de prisión recibida.