El juicio contra Argentina, instigado por el fondo de inversión Burford Capital en relación con la nacionalización de YPF en 2012, comenzó con su primera audiencia. Esta batalla legal podría culminar con una sentencia de entre 4.900 y 16.000 millones de dólares, montos que la defensa argentina se niega a reconocer y promete apelar independientemente de su cuantía.
Dos puntos en discusión
Dos aspectos principales centrarán el debate durante las audiencias. El primero es la tasa de interés que se aplicará a la sentencia contra Argentina. El segundo es la fecha de referencia que se utilizará para calcular cuánto debería haber pagado el país a los accionistas minoritarios por sus acciones en el momento de la expropiación de la compañía de petróleo y gas en 2012.
El equipo de defensa argentino está liderado por la Procuración del Tesoro, con Carlos Zannini al mando y el Subprocurador Sebastián Soler, especialista en el caso, a la cabeza del equipo de abogados del Estado.
Los demandantes, por su parte, buscan una tasa de interés entre el 6% y el 8%. En contraposición, Argentina solicita que se eliminen los intereses o que, si se imponen, estén en línea con la ley argentina. En el caso de que la jueza decida que Argentina debe pagar intereses, los abogados del país han presentado estimaciones basadas en fallos judiciales locales, sosteniendo que la tasa debería ser, como máximo, del 3.04%.
La importancia de la fecha de referencia
La fecha de referencia es crucial, ya que determinará qué trimestres se utilizan para estimar el Net Income y el P/E ratio, componentes fundamentales de la fórmula que calcula el valor a pagar por las acciones. La posición de Burford Capital es que la fecha de referencia debería ser el 16 de abril de 2012, día en que se publicó en el Boletín Oficial la intervención de YPF. Sin embargo, los abogados de Argentina argumentan que la fecha de referencia debería ser el 7 de mayo, cuando se publicó en el Boletín Oficial la ley de expropiación aprobada por el Congreso cuatro días antes.
La discrepancia en los cálculos determinará el monto final que Argentina deberá pagar a Burford Capital. Si se utilizan los números propuestos por los demandantes, el Estado debería desembolsar alrededor de US$16.000 millones a Burford. Por otro lado, si se aplica el cálculo menos agresivo, el pago se reduciría a US$4.900 millones.
La defensa argentina sostiene que la situación económica del país es delicada, con una inflación elevada, y que la suma reclamada por los demandantes es tres veces lo que Argentina pagó a Repsol por las acciones mayoritarias.
El juicio proseguirá con más audiencias y testimonios de expertos en derecho argentino. La jueza Loretta Preska ya emitió un fallo adverso para Argentina el 31 de marzo, considerando que el Gobierno debería haber hecho una oferta a los accionistas minoritarios en 2012. Este juicio de Burford Capital contra Argentina por la nacionalización de YPF es un asunto de gran importancia y se seguirá de cerca en el futuro.
