El Tribunal Oral Federal 2 determinó que el daño causado por Cristina Fernández al Estado compensa una suma de $84 mil millones y dictó medidas para recuperarlos. Esto ha llevado a un debate sobre la confiscación de bienes de la vicepresidenta. Sin embargo, esto podría generar un grave conflicto en el futuro, ya que en 2016 Cristina decidió ceder la mayoría de sus bienes a sus hijos Florencia y Máximo.
La confiscación bienes a Cristina Fernández solo se llevará a cabo sobre las propiedades y el dinero declarado por Cristina, pero el Estado podría iniciar una acción de reivindicación si se sospecha que la cesión de bienes a sus hijos fue una maniobra para proteger sus propiedades de una posible condena. Según su última declaración jurada, Cristina dijo tener un patrimonio de $46.608.385, compuesto por plazos fijos y otras tenencias en moneda local, pero no poseer ninguna propiedad ya que las mismas fueron cedidas a sus hijos.
La eventual confiscación bienes se podrá realizar sobre lo que Cristina posea en el momento del fallo definitivo. La transparencia de lo cedido a sus hijos es un proceso distinto que debería ir por vía contenciosa administrativa. Si en el momento del fallo final de la justicia se determina que lo que posee Cristina es insuficiente, la justicia podría decidir una inhibición general que le impediría acceder a nuevas propiedades o bienes.
El Estado no puede ir contra los bienes de los hijos de Cristina, pero si se sospecha que la cesión fue fraudulenta y se determina que ella la realizó para desapoderarse, entonces se pueden investigar. Sin embargo, esto es un largo proceso que demandará mucho tiempo y discusiones. La justicia solo podrá actuar si la cesión se realizó en el periodo investigado (2003-2015). Tampoco queda claro si la jubilación de privilegio que percibe Cristina Fernández estaría alcanzada por la medida.
