La Corte Suprema designó el tribunal a cargo por el reclamo civil contra Cristina Fernández, se trata de un reclamo que inicio el expresidente Mauricio Macri por daños y perjuicios y el mismo día que Cristina Fernández fue condenada, se resolvió que intervendrá la justicia en lo civil y comercial federal.
Mientras el tribunal Oral Federal, condenaba a Cristina Fernández a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la Corte Suprema resolvió, que tribunal tramitará la demanda civil que el Estado Nacional inicio por las obras públicas durante el 2003 y 2015, en las cuales Lázaro Baez fue el beneficiario.
Esta se trata de una demanda civil por daños y perjuicios, que le inicio Mauricio Macri a Cristina Fernández, Baez y al resto de los acusados por el desfalco del erario.
En su sentencia en el día de ayer, los jueces Gorini, Giménez Uriburu y Basso estimaron el perjuicio al Estado en $ 84.000 millones que ordenaron que se decomise, entre los bienes de los nueve acusados. Los magistrados dispusieron que tal decomiso se ajuste cuando quede firme la sentencia lo cual ocurrirá si interviene la Corte Suprema.
En un principio, el caso lo tuvo el Tribunal Oral Federal 2, el cual se declaró incompetente y lo remitió a la Justicia Civil y Comercial Federal y allí le toco el juzgado 11, el cual también se declaró incompetente y lo envió a la Justicia en lo Contencioso y Administrativo Federal.
La causa tuvo distintas apelaciones hasta que llegó a la Corte Suprema, la cual resolvió el caso compartiendo el criterio del procurador general, Eduardo Casal.
El procurador compartió el criterio del Tribunal Oral 2, de declararse incompetente en el caso, en base a otros fallos de la Corte Suprema y que debe intervenir la justicia civil y comercial federal.
“La Corte ha declarado la competencia del fuero civil y comercial cuando el reclamo se apoya en aspectos relativos al derecho privado, sin perjuicio de que surjan o hayan surgido dentro del ámbito de la relación de empleo público, en la medida de que lo que se intenta es la reparación completa del daño producido por el accionar ilícito con apoyo de normas de aquel carácter, a lo que se suma, como ya se dijo en autos, también se persigue hacer efectiva la alegada responsabilidad civil de particulares”.
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