El ex presidente de Perú, Pedro Castillo, actualmente está cumpliendo 18 meses de prisión por rebelión tras anunciar el pasado 7 de diciembre la disolución del Congreso.
El expresidente Pedro Castillo condenado a tres años de prisión por liderar una red de corrupción en su gobierno, en la que se habrían recibido prebendas a cambio de obras. Los exministros de Transportes, Juan Silva, y de Vivienda, Geiner Alvarado, también estarían involucrados en estos hechos, y Silva se encontraría prófugo. Cabe destacar que esta es la segunda orden de prisión preventiva contra Castillo, quien ya cumple una sentencia de 18 meses por su participación en el fallido autogolpe del pasado 7 de diciembre.
El juez Juan Carlos Checkley, expresó tras confirmar el fallo contra el ex presidente, “Existe peligro de fuga porque el ex presidente Pedro Castillo tiene arraigo domiciliario, tiene facilidades para viajar al exterior en la eventualidad de encontrarse en libertad, porque se avizora la imposición de una pena grave”. El ex mandatario seguirá recluido hasta marzo del 2026.
El cargo del cual de acusación es de liderar una organización criminal y por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias, por los que se determinó 32 años de cárcel.
En la lectura del fallo, Checkley señaló que el arraigo laboral y familiar de Castillo no son de calidad y que su conducta «desvirtúa» cualquier posibilidad de colaborar con la justicia. De hecho, el expresidente ha buscado «borrar pruebas, evadir la justicia y buscar asilo en la embajada de México». En resumen, el juez indicó que las acciones de Castillo sugieren que no se muestra a cooperar con las autoridades y que intenta evitar que el procesamiento por los cargos en su contra.
El juez hizo un repaso de los hechos y señaló que Pedro Castillo asustó a testigos, eliminó pruebas incriminatorias y realizó actos para desprestigiar, hostigar y amedrentar a operadores de justicia, incluyendo a la Fiscal General Patricia Benavides. En resumen, el magistrado enumeró una serie de acciones que sugieren que Castillo trató de obstruir la justicia y evitar ser procesado por los cargos en su contra.
La defensa de Pedro Castillo ha pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que anule la primera orden de prisión preventiva que recibió por rebelión, relacionada con su intento fallido de realizar un autogolpe de Estado. Durante este intento, Castillo estuvo acompañado por la ex primera ministra Betsy Chávez y el ex primer ministro Anibal Torres. En resumen, la defensa de Castillo está buscando que se elimine la primera orden de prisión preventiva que recibió por estos cargos.
De acuerdo con una investigación llevada a cabo por el periódico ‘La República’, el ex presidente Pedro Castillo intentó adquirir el software de espionaje israelí Pegasus, junto con el empresario español Jorge Hernández Fernández y el capitán de corbeta en retiro Carlos Barba Daza, con el objetivo de investigar a sus oponentes políticos y a la fiscal general Patricia Benavides, entre otros. Hernández Fernández, también conocido como ‘el español’, se vio detenido por presunto espionaje después de viajar a una feria de tecnología en Panamá junto con Barba, pero la venta no se llevó a cabo ya que Pegasus solo se vende a gobiernos. Este caso abre nuevas investigaciones en contra del ex presidente Castillo, quien se encuentra actualmente en prisión junto al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) en la cárcel de Barbadillo, al este de Lima.
