La vicepresidente, Cristina Fernández en reiteradas ocasiones pidió el arresto de Jonathan Morel, Leandro Sosa y Gastón Guerra miembros de Revolución Federal, ya que se planteaba la idea de que ellos juntaron el dinero para contratar a un sicario, que es el que realizó el ataque a la vicepresidente.
Frente a esto el juez Martínez de Giorgi rechazó el pedido de Cristina en donde se planteaba la detención de los 3 miembros de Revolución Federal, además se planteaba una vinculación entre la agrupación Revolución Federal y el intento de asesinato que ocurrió en su domicilio de Recoleta.
Asimismo la defensa de Cristina Fernández pidió que se allanara el departamento de la vecina de la vicepresidente y secuestraran su celular ya que determinaban que se podía establecer el vínculo con dicha organización. Además se pedía la investigación de las redes sociales de la vecina y las publicaciones relacionadas a sus habitaciones en alquiler, debido a que según los abogados de la defensa aseguraban que la mujer filmaba la calle y contaba lo que veía.
El juez Martínez de Giorgi decidió frente a los planteos de los abogados de Cristina Fernández rechazar los mismos y determinó «La libertad ambulatoria de los imputados se decidió mediante la Cámara del Fuero, le sugiero a la defensa que pida las detenciones a la jueza federal Capuchetti, la cual tiene a su cargo la investigación de la causa que investiga el atentado».
Por otra parte, con respecto a secuestrar el celular de la vecina de la vicepresidente para obtener información sobre sus redes sociales, el juez aseguró y habilitó a «los informes pertinentes a través de las redes sociales en las cuales interactuaba para que se remita el abonado de la telefonía celular al cual se encontraba asociado, cumplido esto se requiere el informe la totalidad de la actividad de la nombrada, entre la primera publicación de Revolución Federal y la actualidad», rechazando de esta manera el secuestro del teléfono como pretendía la defensa de la vicepresidente.
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