El 24 de julio de 2023, la Convención Constituyente de La Rioja, comenzará a discutir la reforma parcial de la Constitución provincial, una propuesta presentada por el gobernador Ricardo Quintela el 17 de julio. Esta reforma, que aspira a ampliar derechos relacionados con el acceso al agua, la energía y la conectividad, representa una de las discusiones más trascendentales para los habitantes de La Rioja en los últimos años.
La Constitución de La Rioja promulgada en 1986, y desde entonces ha sido objeto de modificaciones y ajustes en 1987, 1998, 2002 y 2008. Con este nuevo proceso de reforma, la provincia busca profundizar en los derechos de sus ciudadanos y dar un salto hacia una democracia más sólida, inclusiva y respetuosa de las necesidades contemporáneas.
La identidad y los derechos del pueblo de La Rioja
Gobernador Ricardo Quintela ve en esta reforma una oportunidad para reflexionar sobre la identidad del pueblo de La Rioja y consolidar su historia y derechos en el marco de una democracia mejorada. Según el gobernador, el acceso garantizado al agua, la energía y la conectividad son fundamentales para una sociedad equitativa y justa. Asimismo, considera que un Estado más proactivo en la inclusión social y económica y en la promoción de una convivencia democrática basada en el respeto y la tolerancia, es una necesidad inminente en La Rioja.
En el debate de la reforma parcial de la Constitución provincial, un total de 36 convencionales constituyentes, según los resultados de las elecciones del 7 de mayo, estarán participando activamente. Del total, el Frente de Todos cuenta con 27 de las 36 bancas, Juntos por el Cambio tiene ocho y el partido Lealtad y Dignidad con una.
Los puntos clave de la reforma
Entre los puntos de mayor interés en esta reforma se encuentran la revisión de la periodicidad de las tres funciones del Estado; la incorporación constitucional de los derechos al agua, a la energía y a la conectividad; la paridad de género en cargos electivos y la libertad de expresión y gobernanza. Además, se plantea la constitucionalización de la coparticipación municipal primaria y de la renta básica universal.
La Convención tiene un plazo de un año para sancionar la reforma y, debido a la importancia de los temas tratados, no puede agregar ni discutir temáticas que no hayan sido previamente aprobadas en la Ley sancionada en la Legislatura.
