El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, ha presentado una denuncia penal ante la Justicia Nacional para que se investiguen los hechos publicados por fuentes periodísticas durante la última semana que podrían configurar presuntos delitos de corrupción y otros delitos contra la administración pública.
La denuncia exige que se investigue al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Silvio D’Alessandro, por posibles delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales. Además, la denuncia también menciona a empresarios contratistas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fiscales nacionales y a la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani.
Los hechos investigados estarían relacionados con el servicio de grúas de remolque de la Ciudad de Buenos Aires operado por la empresa Dakota S.A. y con la supuesta existencia de un canal de pago de retornos y de negociados compuesto por D’Alessandro y Marcelo Violante. Si se confirmaran las revelaciones periodísticas, esto demostraría «una connivencia escandalosa entre el funcionario del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con altos funcionarios judiciales, ex directivos del Servicio de Inteligencia del Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos, incompatibles con un Estado de Derecho».
En particular, la denuncia por presuntos delitos de corrupción, se refiere al servicio de grúas de remolque de la Ciudad de Buenos Aires operado por la empresa Dakota S.A. y destaca que esta empresa se encargó de la concesión del servicio hasta que un escándalo terminó abruptamente el contrato. Según la denuncia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solo cobraba un canon de $55.000 por mes por el servicio, un monto irrisorio que se mantuvo «por decisión política del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pesar de que la Auditoría General de la Ciudad emitió informes advirtiendo que la relación entre lo recaudado y la cuota mensual que paga la concesionaria no tenía sustento alguno ya que el canon estaba sin actualizar desde el 2014».
Entre las medidas de prueba solicitadas en la denuncia, se requiere el secuestro del aparato de telefonía celular de Marcelo D’Alessandro, la intervención de las comunicaciones telefónicas y electrónicas de los implicados, el allanamiento de domicilios y oficinas de estos, y el acceso a información financiera y tributaria de las empresas implicadas.
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