Protestas contra la reforma de la Constitución en Jujuy

Los ciudadanos de la provincia de Jujuy, ubicada en el noroeste de Argentina, han elevado su voz en un gesto de desacuerdo contra la propuesta de reforma de la Constitución provincial. La situación se tornó especialmente tensa en la pintoresca localidad de Purmamarca, donde los manifestantes retuvieron a tres miembros de la policía local en un piquete.

Estos oficiales, identificados como el Cabo 1° Mamani, el Sargento Rivera y el Oficial Ayudante Ortega, estaban en tránsito para cumplir con sus obligaciones de servicio cuando se vieron interceptados y retenidos por los manifestantes. Afortunadamente, tras varias horas, los oficiales se vieron liberados.

Respuesta del gobierno provincial

Frente a estos alarmantes sucesos, el gobierno provincial no tardó en expresar su repudio. En un comunicado oficial, afirmaron: «El gobierno de la provincia expresa su absoluto rechazo ante estas prácticas delictivas». Además, confirmaron la formulación de la correspondiente denuncia penal y la instauración de una causa judicial por la fabricación y uso de bombas molotov contra los efectivos policiales.

Estas protestas no son un evento aislado, sino que forman parte de un creciente malestar social generado por el debate político en torno a la reforma de la Constitución provincial. Este proyecto de reforma, promovido por el gobernador Gerardo Morales, objeto de críticas y provocó una respuesta popular significativa.

La propuesta de reforma constitucional abarca una serie de cambios en la vida institucional de Jujuy. Entre estos, se destaca la regulación del derecho a la protesta, el reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades originarias, y la creación de procedimientos para la selección de jueces.

A pesar de la oposición expresada en las manifestaciones, el proyecto de reforma constitucional finalmente se votó e implementó. El clima político en la provincia continúa cargado de incertidumbre y tensiones. La esperanza es que, en el futuro cercano, los desacuerdos se puedan resolver pacíficamente, manteniendo el respeto a las instituciones democráticas y los derechos humanos.

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