Después de una tensa jornada de paro que afectó a millones de pasajeros, el Ministro de Economía, Sergio Massa, logró resolver el conflicto con los operadores de transporte público y confirmó el fin de las huelgas. El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa que reunió a los líderes de las principales organizaciones del sector, así como a los ministros de Trabajo y Transporte, Raquel Olmos y Diego Giuliano. Sin embargo, destacó la ausencia de representantes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a quien Massa criticó por su falta de participación en el proceso de resolución del conflicto.
El paro, que había comenzado a la medianoche y se prolongó hasta las 17:30, fue consecuencia de desacuerdos salariales entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de transporte. Este conflicto se vio intensificado por la negativa de las empresas a cumplir con sus compromisos salariales, un problema que afectó a los conductores de autobuses en Buenos Aires y las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa y Tucumán.
Durante la conferencia de prensa, Massa reprochó al sector empresarial por usar a los ciudadanos como rehenes en su conflicto con el gobierno. También reprendió al gobierno de la ciudad de Buenos Aires por su falta de compromiso en la resolución del conflicto. En respuesta, Manuela López Menéndez, representante de Transporte del gobierno de la ciudad, afirmó que no se les había invitado a participar en ninguna de las reuniones relacionadas con el paro.
El Ministro de Economía también anunció que el próximo lunes habrá una nueva reunión con los representantes del sector del transporte para revisar y evaluar los temas pendientes. La idea se basa en una «lista de verificación» para asegurarse de que todos los asuntos están siendo abordados de manera adecuada.
La intervención de Massa en este conflicto se vio particularmente notable dado su papel en la imposición de un aumento salarial del 31% a los trabajadores del transporte a principios de año, en un esfuerzo por mantener la estabilidad y controlar la inflación. A pesar de las amenazas de huelga, el jefe de la UTA, Fernández, aceptó el aumento, pero posteriormente buscó un ajuste adicional. Las empresas de transporte objetaron este ajusto, considerándolo «ilegítimo», y están considerando llevar la disputa a los tribunales.
