La vicepresidente había pedido que se mantuvieran las detenciones con respecto a los imputados en la causa de Revolución Federal, pero el juez Martínez De Giorgi afirmó puede tomar cualquier decisión para garantizar la sujeción al proceso.
Los abogados de Cristina Fernández pidieron que los 4 imputados continúen detenidos, los mismos están presos desde el 20 de octubre por incitación a la violencia colectiva.Los jueces mientras tanto sostuvieron que no hay elementos objetivos que permitan sostener que los acusados, puedan entorpecer la investigación o escapar estando en libertad y sugirieron, que se tome alguna medida que garantice la sujeción al proceso.
La libertad se dispuso para: Jonathan Morel, Sabrina Basile; Gastón Guerra y Leonardo Sosa; quienes estaban arrestados por orden del fiscal Pollicita y orden del juez Martínez de Giorgi, siempre procurando que su intervención no se torne ilusorio el derecho concedido, en donde pueden aparecer algunas medidas como, por ejemplo, una caución real (fianza), libertad bajo juramento, tobillera electrónica o la retención de los pasaportes.
La investigación de Revolución Federal sostuvo el fallo y determino que es ajena al atentado sufrido por la vicepresidente. Y hasta el momento sostiene que no se verifica que ambas actuaciones tengan una conexión.
Determinación de la Justicia
El Ministerio Público sostuvo que “no pudo corroborar que a través de la agrupación de Revolución Federal, en el periodo reseñado los nombrados alentaran e incitaran a una persecución de odio, contra determinadas personas, a causa de sus ideas políticas, principalmente funcionarios públicos, como, Alberto Fernández; Cristina Fernández; Sergio Massa; Silvina Batakis; Victoria Donda, entre otros.”
Los abogados de Cristina se opusieron a que se les otorgue la libertad; pero los jueces emitieron las 4 resoluciones “no existe riesgo procesal suficiente que nos permita mantener la medida de coerción personal dispuesta por el juez de grado”.
Con respecto al entorpecimiento debe destacarse que los elementos secuestrados se encuentran a disposición de las fuerzas encargadas de custodiarlos.
El fallo resaltó que el mínimo de pena aplicable ascendería a 3 años de prisión, lo que eventualmente avalaría una pena de ejecución condicional, los jueces sostuvieron además que los implicados no poseen antecedentes penales.
