Durante esta semana, los estudiantes de diferentes establecimientos educativos, en Ciudad de Buenos Aires, tomaron las escuelas. Los alumnos protestan principalmente contra el uso de la práctica profesional en empresas, exigen mejores almuerzos escolares y denuncian una “persecución política” contra ellos.
Las tomas de las escuelas fueron denunciadas, a la justicia, tanto por el poder ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, como por familiares de alumnos que están en contra de esta medida.
La Justicia se expidió respecto a las denuncias
La jueza, Elena Liberatori expresó respecto a las tomas de escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, “No hay delito sin ley previa y no existe delito en estas cuestiones”. La magistrada intervino en conflictos con la comunidad educativa en los años 2010, 2012 y 2015 e impidió que la policía ingrese a los colegios y que se armen listas con los alumnos involucrados y aseguró “La recurrencia del conflicto y las mismas causas demuestran el gran bache en gestión educativa”.
Con respecto a la denuncia penal que formuló el gobierno porteño a los padres de los 25 colegios que iniciaron las tomas y la puesta en marcha del llamado “protocolo anti toma” señaló “Frente a estos conflictos la ciudad siempre tuvo un sesgo punitivo, más cuando se trata de adolescentes que están amparados por los Derechos del Niño”. Y aclaró que frente a los que pasa, la respuesta no debe ser castigar, sino que hay que escucharlos, informarlos y solucionar sus inquietudes.
Según Liberatori, el gobierno porteño está actuando con un criterio equivocado y no jurídico, teniendo en cuenta la modalidad mediante la cual el gobierno de Ciudad denunció penalmente a los padres de los alumnos y los notificó enviando patrulleros a sus casas la misma noche de las protestas.
Asimismo expresó “Se incurre en un delito por omisión o por comisión que sería en este caso, pero para que exista delito debe existir la tipificación de la conducta de toma del establecimiento escolar público. No hay delito sin ley previa”. Y agregó “Los códigos de fondo son federales y el Código Penal es de fondo. Por lo tanto, hay un reclamo legítimo que se ejerce de modo inapropiado. Pero es una responsabilidad básica e ineludible de las autoridades del gobierno de la ciudad gestionar una situación de conflicto”.
Mientras tanto se llega a estas instancias aparentemente porque no hay participación y generación de compromiso de la comunidad educativa. A este momento, los alumnos apoyados, en su gran mayoría por los padres no parecen tener voluntad de ceder en ninguno de sus reclamos, como tampoco lo harían las autoridades.
