Luego del atentado ocurrido a la vicepresidente, el gobierno da de que hablar con una nueva “ley de odio” que busca limitar a los medios de comunicación
Diferentes funcionarios allegados al gobierno debaten la necesidad de una ley que regule “los discursos de odio”, relacionado según el gobierno con los medios de comunicación y la oposición.
El senador Jose Mayans, la titular del Inadi Victoria Donda, la portavoz del gobierno Gabriela Cerruti y el asesor del presidente Alejandro Grimson fueron los que en el correr del fin de semana platearon este debate de ley.
Cabe destacar que esta medida de proyecto se llevo a cabo en otros países como Venezuela y en Alemania para los discursos en los medios y en redes sociales.
“Hay gente que se sienta en un programa de televisión, te estigmatiza y no hay forma de defensa”, expresó el senador Mayans en un dialogo con Radio 10.
Por otra parte, la portavoz presidencial se refirió diciendo “Hay periodistas con nombre y apellido que son partícipes necesarios muy centrales de la construcción del odio en Argentina y que hagan una autocrítica y que ese discurso que les genera uno o dos puntos más de rating tiene profundas consecuencias sociales, discursos que generan otros discursos de persecución, de expulsión y de exterminio».
El asesor del gobierno dio su opinión respecto al tema y dijo “Argentina tiene que avanzar en la limitación de los discursos del odio para lograr convivencia democrática sin violencia” y sostuvo que eso debería “plasmarse en una ley o en un conjunto de leyes”, como han hecho otros países. Grimson agrego como ejemplo el caso de Angela Merkel, en donde la canciller alemana impulsó una legislación “contra el discurso extremista” sosteniendo que “la libertad de expresión tiene sus límites, que empiezan cuando se propaga el odio”.
“Las y los periodistas y la dirigencia tienen un rol social que les endilga una responsabilidad democrática; no pueden hacerse los inocentes o los sorprendidos”, manifestó la titular del Inadi.
Según fuentes cercanas al Gobierno aseguran que se tomaran en cuenta las ideas para un debate, y afirmaron que el proyecto impulsado por los funcionarios debería salir por consenso con la oposición, porque está en juego un nuevo acuerdo democrático en el país.
