Los datos forman parte del entrecruzamiento de datos que la AFIP con las bases de datos del Ministerio de Desarrollo Social. En la gestión del exministro Zabaleta se encargó la revisión de datos de los inscriptos en plan Potenciar Trabajo.
Un informe de la AFIP, elevado en el mes de octubre, reveló que al menos 2.800 personas fallecidas, siguen cobrando el potenciar trabajo a través de familiares o terceras personas, además según la declaración de bienes personales, algunos beneficiarios tienen dos o más propiedades.
La solicitud pedida por el entonces ministro Juan Zabaleta, a fin de llevar una estadística y sobre esta identificación se determinó que cobran dicho plan 1.383.279 titulares del mencionado programa, se detectó que 253.184, han efectuado una declaración jurada patrimonial de bienes personales; y que 35.398 habían realizado alguna compra de dólares en los últimos 6 meses.
Además, dicha información elevada al ministerio de Desarrollo Social el 24 de octubre, la tiene en su poder de Victoria Tolosa Paz, quien se comprometió a revisar el padrón.
Asimismo, la exdiputada, en una conferencia de prensa afirmó que suspenderá inmediatamente los planes sociales otorgados en el marco de Potenciar Trabajo, que hayan sido utilizados para la compra de dólares.
Finalmente, la ministra afirmo que están ejecutando los mecanismos para que, en la próxima liquidación, que será el 20 de noviembre, se pueda tener un entrecruzamiento y validación de incompatibilidades.
Requisitos para acceder al plan Potenciar Trabajo
La normativa marca que solo podrán ser beneficiarios aquellas personas que se encuentren en riesgo o estado de vulnerabilidad social o se desempeñen en alguna actividad de la economía popular.
Decreto de prohibición para nuevos ingresos al plan Potenciar Trabajo
El presidente, Alberto Fernández, firmó un decreto para prohibir el ingreso de nuevos titulares al programa o nombrar personas nuevas en reemplazo de bajas.
Cooperativas ingresan al esquema de obra pública
El Jefe de Estado, decidió que las cooperativas de la economía popular que dependen de los movimientos sociales, en su gran mayoría oficialistas, puedan acceder al esquema de contratación del 30% de la obra pública nacional, con un límite de hasta 300 millones de pesos.
