El juez federal Ariel Lijo ha solicitado colaboración a la Unidad Fiscal de Investigación (UFI-PAMI) sobre el PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y su Programa de Atención Médica Integral) para conseguir información sobre la compra de cotillón realizada por la obra social de los jubilados para celebrar el mundial de Qatar. La UFI-PAMI es una de las fiscalías especializadas de la Procuración General de la Nación y se encarga de realizar investigaciones sobre el PAMI y formular las denuncias en caso de que se descubrieran delitos cometidos en la obra social.
La denuncia fue presentada en noviembre de 2022 por la diputada nacional Graciela Ocaña, de la oposición. Ocaña denunció a Luana Volnovich, directora ejecutiva del PAMI, por haber comprado cotillón para que los jubilados usaran durante el mundial de Qatar, el monto de la adquisición fue de 14 millones de pesos. Según Ocaña, la compra de varios artículos se realizó mediante un procedimiento de compulsa abreviada a la que se presentó un solo oferente: una empresa llamada «La comuna Atesh S.R.L».
A través de la compra 85/22 realizada por el PAMI se adquirieron 5.000 banderas argentinas, 5.000 galeras argentinas, 5.000 sets de maquillajes con los colores argentinos, 2.500 porras blancas, 2.500 porras celestes, 5.000 sombreros tipo arlequín de Argentina. Según se estableció en la denuncia, cada bandera costó $125 y un total de $625.000; cada galera tuvo un precio $1078,80 y un total de $5.344.000; cada kit de maquillajes cotizó $575 y sumó $2.875.000. Cada una de las porras se pagó a $120,49 y lo que totalizan $602.510; en tanto por cada sombrero arlequín se abonó $585, lo que suma unos $2.925.000; y por una vuvuzela se pagó $341,60, lo que significó un monto de $1.708.000. El total de la compra alcanzó la cifra exacta de $14.079.450.
Según explicó hace poco Volnovich el cotillón se repartió en los denominados “puntos de aliento”, lugares en los que los jubilados vieron los partidos de la Selección dirigida por Lionel Scaloni. La funcionaria, que responde a La Cámpora, presentó lo sucedido durante el Mundial como una forma de generar un ambiente de celebración y alegría entre los jubilados. Sin embargo, la denuncia presentada por Ocaña cuestiona la legalidad y transparencia del proceso de compra, ya que se realizó mediante una compulsa abreviada y solo participó una sola empresa.
El caso le tocó por sorteo al juzgado federal 12 que se encuentra vacante y es subrogado por Lijo. Interviene la fiscalía 7 que está a cargo de Ramiro González. Cuando tuvo que intervenir al momento del inicio de la causa González estaba de licencia y lo reemplazó por esos días el fiscal Eduardo Taiano. Fue Taiano quien impulsó la acción penal. En la lista de los imputados figuran Luana Volnovich y la empresa «La comuna Atesh S.R.L».
El juez Lijo ha pedido a la UFI-PAMI que aporte información en el expediente iniciado a partir de esta denuncia. La UFI-PAMI se encargará de investigar y determinar si se cometió algún delito en la compra de cotillón. Si se determina que se cometió algún delito, se presentarán las denuncias correspondientes y se llevará adelante el proceso judicial correspondiente. El objetivo es esclarecer si se cometió alguna irregularidad en el proceso de compra y si se utilizaron fondos públicos de forma indebida.
