El presidente de Brasil, Lula da Silva, ha tomado medidas para «revisar profundamente» el personal de la residencia presidencial tras el intento de golpe de Estado el 8 de enero en Brasilia. Como resultado, apartó a cuarenta militares de bajos rangos que se encontraban adscritos a la coordinación del Palacio de la Alvorada, el domicilio oficial de los jefes de Estado. Según el portal de noticias G1, algunos de estos militares prestaban seguridad en el lugar y seguirán ligados a las fuerzas armadas en otras actividades.
Lula, quien derrotó a Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales de octubre, ha expresado desconfianza sobre algunos uniformados que cumplen funciones auxiliares en las sedes de gobierno. El mandatario ha manifestado que buscará privilegiar «funcionarios de carrera, de preferencia civiles» y que «no puede permanecer aquí adentro alguien sospechoso de ser bolsonarista radical». Esta decisión se da en un contexto en el que el presidente ha señalado a la fuerza pública como «cómplice» del intento de golpe de Estado.
La decisión de cambiar el personal se produce después de un reportaje en el que la primera dama de Brasil, Rosangela da Silva, mostró diversos desperfectos en el palacio que atribuyó al periodo en que Bolsonaro ocupó la residencia. Entre los desperfectos mostrados se encuentran muebles dañados, alfombras rasgadas, sofás sucios y parte del piso roto.
Por otra parte, el Tribunal Superior Electoral de Brasil ha dado un plazo de tres días al expresidente Jair Bolsonaro para explicar el contenido de un proyecto de decreto encontrado en la residencia de uno de sus exministros y considerado como evidencia de que pretendía dar un golpe de Estado. Este documento ha sido incluido en una investigación que se adelanta contra el mandatario por supuesto abuso de poder durante su campaña a las elecciones presidenciales de octubre.
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